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Creación de una asociación o fundación

Creación y regulación de Fundaciones y Asociaciones

Se suele entender por emprender iniciar ese negocio o esa obra en la que se ha puesto un gran empeño, además de la experiencia profesional y vital del emprendedor. Una iniciativa con la que se quiere a dar respaldo a una serie de metas profesionales, y también sociales. Porque cualquier empresa tiene una dimensión social, en su capacidad para generar actividad y riqueza en su entorno. El emprendimiento social se centra en este último aspecto, dando cabida a las inquietudes que una empresa o una institución mantienen por dar respuesta a necesidades y aspiraciones sociales. Fundaciones y asociaciones son formas jurídicas que se diseñan específicamente para iniciar un proyecto con fines sociales, y que necesitan una serie de requisitos específicos para poder iniciar sus acciones.

¿Qué es una fundación?

Una fundación es, por definición, una organización sin fines de lucro que tiene en sus intenciones perseguir fines de interés general que beneficien a colectivos determinados o genéricos. Su patrimonio, tanto inicial como futuro, queda sujeto a estos fines de interés general, incluso en el supuesto de que se procediese a la disolución de la fundación. Para considerar si es esta la forma jurídica adecuada a las intenciones de beneficio social que se busca cubrir es importante tener claras sus características.

Características de una fundación

Sus fines deben ser de interés general y buscar beneficiar a colectividades. Su vocación suele ser indefinida, y este es el modo más generalizado, aunque también pueden instituirse con una duración temporal.

Deben ser constituidas con una aportación mínima de 30.000 euros. Este capital debe ser aportado por el fundador o fundadores, y es posible hacer un desembolso sucesivo. En ese caso, el desembolso inicial deberá ser, al menos, del 25 %, y el resto deberá hacerse efectivo en un plazo no superior a cinco años. Si la aportación no fuera dineraria, debería realizarse una tasación por un profesional independiente, e incorporarla a la constitución de la fundación.

Su actividad no puede rendir beneficios económicos, ni de forma directa ni indirectamente, al fundador o fundadores ni a los patronos que gobiernen la fundación, ni a persona singularizada alguna.

En caso de disolución el remanente económico o patrimonial se destinará a otra entidad sin fines de lucro o a una institución pública. Ni fundador o fundadores, ni terceros, recuperarán las aportaciones realizadas.

Una fundación estará sujeta a supervisión por parte de la administración, a través de la figura del protectorado, que tras la rendición anual de cuentas se encargará de la supervisión del presupuesto y del plan de actuación. Se supervisará igualmente la tramitación de autorizaciones para determinados actos de disposición de patrimonio.

Sobre estas características, hay que aclarar que no tener ánimo de lucro significa que no se podrán repartir los posibles beneficios económicos anuales entre los fundadores y asociados. Sí se puede, incluso es lícito buscar, tener excedentes económicos al finalizar el año y realizar actividades económicas que puedan generar excedentes económicos; simplemente, dichos excedentes deberán reinvertirse en el cumplimiento de los fines de la entidad. Y, por supuesto, no beneficiar a personas singulares con las actividades de la fundación no implica que no se puedan tener contratados laborales en ella.

Diferencias entre asociación y fundación

¿Qué no es una fundación?

No todos los proyectos de interés social son una fundación. Si se tienen este tipo de fines, pero no se descarta una retribución del capital invertido a través del reparto de los posibles beneficios, no estamos ante una fundación. Este caso estaría en el ámbito una sociedad mercantil. Cualquier empresa puede tener objetivos sociales, sin que ello sea un impedimento a que se repartan los beneficios generados tras la consecución de esos fines. Es algo totalmente legal y legítimo, pero no es una fundación.

Otros proyectos de interés social, en los que se busca una retribución o una recuperación del trabajo invertido en su desarrollo, entrarían en el ámbito de las cooperativas. Se trata de empresas adscritas a la economía social que tampoco son consideradas fundaciones.

¿Qué es una asociación?

En ocasiones, constituyéndose en ausencia de un patrimonio inicial, muchos proyectos sociales y de interés general se materializan a través de la forma jurídica de la asociación.

Una asociación sin ánimo de lucro es una agrupación de personas organizadas para realizar una actividad de tipo colectivo. En este tipo de agrupaciones se establece una diferenciación entre el patrimonio de la asociación y el de sus asociados. Una asociación de este tipo tiene personalidad jurídica, de modo que pueden adquirir derechos y contraer obligaciones. Tras dos años de funcionamiento se podrá solicitar la declaración de utilidad pública, lo que supone la equiparación administrativa y fiscal con la figura de una fundación.  Una asociación puede perseguir un fin común de interés general o privilegiando el enfoque en sus socios.

Las características esenciales de las asociaciones pasan por la ya comentada ausencia de ánimo de lucro, y estar constituidas por un mínimo de 3 personas físicas o jurídicas con objetivos y actividades comunes. Deben tener además independencia de otras organizaciones y un funcionamiento democrático en sus órganos de decisión.

Ambas formas jurídicas, asociaciones y fundaciones, tienen una fiscalidad y un régimen contable con sus características particulares, por lo que siempre que se esté pensando entrar en este ámbito es recomendable recibir la asesoría de profesionales expertos en derecho fiscal.

asesoramiento fiscal para empresas o particulares

Asesoramiento en fiscalidad inmobiliaria

Suele decirse que un asesor fiscal es esa persona que te resuelve un problema que ni siquiera sabías que tenías y que lo soluciona de una manera que no entiendes y, probablemente, nunca entenderás. De hecho es también una broma común la que dice que, cuando Hacienda llama a tu puerta con una reclamación, normalmente lo único que entenderás del proceso es el número con la cantidad final que tendrás que pagar. Son anécdotas que dejan claro hasta qué punto, tanto el ciudadano de a pie como el acostumbrado a los negocios, se sienten abrumados ante la complejidad del sistema tributario. Y esto es un problema porque, como decía el derecho romano: la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento.

¿A quién le afecta la fiscalidad inmobiliaria?

Puede pensarse que la fiscalidad inmobiliaria es algo que solo afectará a inversores, promotores o empresas con una gran cantidad de activos inmobiliarios. Pero realmente cualquier ciudadano está sujeto a esta posibilidad en cuanto forma parte de la adquisición, venta, trasmisión o alquiler de un inmueble. Obviamente si el volumen del negocio es muy elevado la complejidad y diversidad de opciones a considerar aumenta. Pero no hay que olvidar que suscribir una hipoteca para la vivienda habitual ya conlleva una serie de impuestos que acompañarán a los propietarios durante largo tiempo y que incluso podrán afectar a sus futuros hijos.

¿En qué nos puede ayudar un asesor fiscal?

En casos como este, un asesor fiscal nos puede aclarar los tipos de fiscalidad inmobiliaria que vamos a encontrarnos en función de la operación que vayamos a hacer. Ya que la hipoteca no es la única vía de adquisición de inmuebles que podemos utilizar. Las herencias y donaciones son otra forma habitual en las familias, y entonces habrá que abordar el impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Si optamos por el alquiler, de una vivienda o un local destinado a negocios, encontraremos que la fiscalidad de esta operación afecta tanto al arrendatario como al arrendador; y no será lo mismo si se trata de una transacción entre particulares o entre empresas.

Todo esto afectará al modo de calcular los rendimientos del capital inmobiliario en el IRPF. En estos tipos de fiscalidad inmobiliaria directa un asesor puede guiarnos y ahorrarnos problemas presentes y futuros. Puede ayudarnos a resolver dudas sobre las posibles ganancias y pérdidas derivadas de la transmisión de inmuebles, así como aclararnos cuándo nos encontramos ante trasmisiones onerosas o gratuitas. Igualmente puede orientarnos sobre el cálculo de las exenciones y deducciones de la vivienda habitual en casos más complejos, como el de la exención por reinversión. No olvidemos que para tributar correctamente necesitaremos poder aplicar de forma precisa los varemos de valoración del inmueble, y conocer bien los regímenes especiales que podemos aplicar.

asesoramiento fisal

Junto a estas tributaciones directas descritas existe una buena cantidad de posibles impuestos indirectos, generalmente acompañados por siglas, algunas populares como el IVA, pero otras menos conocidas como ITP (Impuesto sobre Trasmisiones Patrimoniales) o AJD (Actos Jurídicos Documentados). No olvidemos, por supuesto, la parte correspondiente a la tributación local de los bienes inmuebles, que también tiene sus siglas aunque no sean impuestos indirectos, como el IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) o el IIVTNU (Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana).

Fiscalidad inmobiliaria para empresas e inversores

En el caso de empresas, promotores e inversores con un mayor volumen de transacciones a considerar, la ayuda de la asesoría en fiscalidad inmobiliaria parece una necesidad básica; sobre todo considerando las modificaciones normativas a las que este sector puede estar sujeto.

Para este tipo de clientes la tarea de asesoramiento puede empezar desde la planificación preliminar de una inversión inmobiliaria y lo que se conoce como due diligence: un análisis fiscal de los posibles riesgos que implique una inversión o transacción. Es un primer paso que se completa posteriormente con un informe estructurado de los pasos aconsejados en la forma de adquirir los inmuebles implicados. El asesoramiento fiscal suele continuar durante la negociación de los contratos de compraventa, y resulta primordial en operaciones inmobiliarias que impliquen un promotor delegado e incluso en la toma de decisiones en la búsqueda de financiación.

También es aconsejable recurrir a los servicios de una asesoría fiscal inmobiliaria si se trata de elegir los vehículos de inversión más adecuados: SOCIMI, fondos de inversión o sociedades patrimoniales tienen peculiaridades que conviene estudiar previamente con el consejo de un experto como Valero y Masiá.

Diferencias separación de bienes y separación de bienes gananciales

Separación de bienes o gananciales, ¿qué es mejor?

Al plantearse contraer matrimonio, no solo hay que pensar en los preparativos de la boda, ya que también hay algunas obligaciones burocráticas que discutir. Una de las más habituales, es la de decidir cómo hará la declaración del patrimonio. Según el Código Civil, se puede realizar de tres maneras en España: separación de bienes, bienes gananciales y declaración de participación.

La de participación es la menos habitual y es un régimen mixto entre las otras dos. En esta entrada explicaremos en qué consisten la separación de bienes y la declaración de gananciales y cuáles son sus diferencias principales.

¿Qué es la separación de bienes?

Una de las dos maneras más habituales de organizar la renta de los cónyuges en un matrimonio es a través de la separación de bienes. Cuando un matrimonio se decanta por esta opción, el patrimonio de cada uno se mantiene por separado durante toda la duración de la relación entre los contrayentes.

Esto quiere decir que tanto los bienes que se poseyeran antes de casarse como los que se adquieran durante el transcurso de la nueva situación familiar pertenecerán por separado a cada uno de los miembros de la pareja. Pese a esto, no se goza de libertad total sobre los bienes, ya que hay algunas excepciones. Por ejemplo, para vender la vivienda habitual de la familia o patrimonio que sea utilizado regularmente como los muebles, será necesario el consentimiento de ambos.

Esto quiere decir que si, por ejemplo, el matrimonio decide comprar una casa, cada uno será propietario en cuanto al dinero aportado. Si se decide utilizar esta fórmula, será necesario entregar capitulaciones matrimoniales, que se recogerán en escritura pública ante notario.

Si no hay acuerdo entre qué sistema utilizar, en la Comunidad Valenciana se aplica automáticamente la separación de bienes si las dos personas son valencianas. En otras autonomías como Cataluña o las Islas Baleares también se aplica de forma automática, aunque uno de los dos no haya nacido allí.

conoce qué es la separación de bienes

¿Qué son los bienes gananciales?

La otra fórmula habitual para declarar los bienes de los miembros de un matrimonio es el sistema de bienes gananciales. Al igual que en la separación de bienes, las posesiones previas al casamiento se mantienen por separado. La principal diferencia es que los bienes que se adquieren a partir de contraer matrimonio se poseen de manera conjunta.

Este modelo significa que si uno de los contrayentes quiere disponer de un bien o vender alguno, tiene que contar con la aprobación del otro. En España, salvo las excepciones que estipula la legislación de algunas comunidades autónomas, el régimen de gananciales es el predeterminado y el que se establece si no hay acuerdo entre la pareja.

Al igual que sucede en el sistema de separación, el de bienes gananciales también tiene excepciones. Entre ellas, encontramos que no se consideran gananciales herencias o donaciones, por ser bienes que se reciben sin cargo, ni tampoco objetos de uso personal que no tengan un valor relevante como la ropa.

¿Cuál es mejor opción?

Para decidirse entre la separación de bienes o la declaración de bienes gananciales, o incluso por la tercera opción de la declaración de participación, no hay una norma general. Dependerá de factores tales como el empleo de los esposos o si se trata de una pareja con hijos.

Por ejemplo, si uno de los cónyuges tiene un negocio, puede ser arriesgado optar por la opción de gananciales, ya que en caso de acumular deudas podrían repercutir en el patrimonio del otro. En cualquier caso, es recomendable que la pareja discuta la mejor opción valorando su situación, a ser posible con el asesoramiento de abogados especializados en fiscalidad matrimonial.

hablamos sobre las diferencias entre separación conjunta e individual

Hacer la Declaración de la renta conjunta, ¿sí o no?

El IRPF (Impuesto de la Renta a las Personas Físicas) es un impuesto que grava la renta obtenida en un año natural por las personas que residen en España. Las personas tienen que presentar la declaración del IRPF para comprobar si han pagado los impuestos de ese año. Si han pagado de más Hacienda les devuelve dinero, si es lo contrario, que han pagado menos, deben abonar una cuota extra a la Agencia Tributaria. La declaración puede ser individual o conjunta.

Tributación conjunta, ¿quién puede hacerla?

Una de las decisiones con más importancia que toma una familia a la hora de hacer la declaración es elegir entre tributación individual o tributación conjunta.

Para poder hacer la tributación conjunta los contribuyentes deben ser una unidad familiar.

La ley establece que una unidad familiar son:

    • La formada por los cónyuges no separados legalmente y los hijos menores de edad, o mayores de edad incapacitados judicialmente.
    • En el caso de cónyuges separados legalmente, divorciados o con ausencia de vínculo matrimonial, se entiende como unidad familiar el tutor y los hijos que convivan.

Las parejas de hecho no pueden optar por una tributación conjunta, sólo uno de los padres podrá optar a hacerla con sus hijos, el otro tendrá que hacer la tributación individual.

La tributación conjunta trae una reducción, en el caso que exista una relación matrimonial, de 3.400 euros anuales. Cuando no existe una relación matrimonial la reducción es de 2.150 euros anuales.

Hay que saber que una vez elegida la opción de tributar individual o conjunta, no es posible cambiar la opción presentando nuevas declaraciones. Aun así, el año siguiente no estarás obligado a hacerlo del mismo modo. También para poder hacer la tributación conjunta ningún miembro de la unidad familiar puede hacer la tributación individual.

¿Declaración conjunta o individual?

A continuación vamos a hablar de la Tributación individual. Esta es la opción más común y se entiende que es la renta obtenida de acuerdo a su origen, lo que significa que:

  • Rendimiento de trabajo: Son los que hayan generado el derecho al rendimiento, incluyendo a trabajadores y pensionistas, ya sea en rendimientos dinerarios o en especie.
  • Rendimiento del capital: Son los bienes y derechos que forman parte del patrimonio de la persona física. La ley del IRPF clasifica el rendimiento del capital según el tipo:
    • Rendimientos del capital inmobiliario, que no se encuentren afectados a actividades económicas.
    • Rendimientos del capital mobiliario, incluyendo de los restantes bienes y derechos de los que sea titular y no se encuentren afectados a actividades económicas.
  • Rendimientos de actividades económicas: Ganados por quienes los realiza de forma personal, directa y habitual.
  • Ganancias y pérdidas patrimoniales: Ganados por el titular de los elementos patrimoniales, se incluyen las ganancias del juego.
  • Imputación de rentas: Se imputa los bienes o derechos de los titulares

conoce las diferencias entre separación conjunta e individual

Entonces, ¿A quién le interesa hacer la declaración conjunta?

Por lo general a matrimonios donde uno de los cónyuges no recibe suficiente dinero o no recibe nada de dinero y a las familias monoparentales cuando los hijos no perciben renta. Hay que decir que la declaración conjunta compensa pérdidas con ganancias de modo que las ganancias de un miembro se puede compensar las pérdidas de otro miembro.

Tributación conjunta

Es la opción en la que todas las rentas de las personas de una unidad familiar se gravarán acumuladamente. Hay dos opciones para realizar la declaración conjunta:

A. Se manifiesta al presentar la declaración del IRPF correspondiente al ejercicio al cual se opta. Una vez realizada no se podrá modificarse dentro del plazo reglamentario. En el caso de que no se presente la declaración la Administración tributaria aplicará la tributación individual, en el plazo de diez días los miembros de la unidad familiar pueden expresar lo contrario a la Administración.
B. No vincular a la unidad familiar para ejercicios sucesivos. De este modo no se está obligado a hacer la declaración conjunta al año siguiente.

Indiferentemente de la modalidad de la unidad familiar el mínimo personal aplicable en la declaración conjunta es de 5.550€ anuales, sin importar el número de miembros en la unidad familiar.

Las declaraciones conjuntas de unidades familiares con ambos padres, no separados legalmente y con o sin hijos, se aplicará una reducción de la base imponible de 3.400€ anuales, con el carácter previo de las reducciones por aportaciones y contribuciones a planes de pensión.

Las declaraciones conjuntas de unidades familiares con solo uno de los padres, en el caso de separación legal o no exista vínculo matrimonial y todos los hijos convivan con uno de los dos, se aplica una reducción de la base imponible de 2.150€ anuales, con el carácter previo de las reducciones por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social.

Aunque hay algunos casos donde funciona, lo mas recomendable es hablar antes con un despacho de abogados expertos, como Valero y Masiá para que revisen tu caso.

Impuesto de sociedades: todo lo que necesitas saber

¿Acabas de crear tu negocio, no sabes nada acerca del impuesto de sociedades y estás a punto de pagar tu primer impuesto? No te preocupes, te explicaremos todo en este artículo de Valero y Masiá: qué es, qué tipo de impuestos existen y cuáles son las declaraciones que debes presentar.

Si al final de este artículo aún tienes dudas o necesitas más información sobre tu caso, es recomendable que acudas a una asesoría fiscal. Todas tus dudas se resolverán.

¿Qué es el impuesto de sociedades?

El impuesto de sociedades es un impuesto directo, personal y proporcional sobre los beneficios de las empresas y otras personas jurídicas residentes en España. Este impuesto se aplica a empresas con fines comerciales, fundaciones y asociaciones, a diferencia del IRPF que se ocupa de gravar a las personas físicas.
Es un impuesto importante y debe tomarse en serio para los trabajadores por cuenta propia que tienen una sociedad unipersonal o limitada.

Entonces, ¿A qué entidades se refiere este impuesto?

Con personalidad jurídica propia

Sociedades:

  • Mercantiles
  • Civiles con objeto mercantil desde 2016.
  • Estatales, autonómicas, provinciales y locales.
  • Cooperativas.
  • Unipersonales

Sin personalidad jurídica propia

  • Las uniones temporales de empresas
  • Los fondos de: inversión, pensiones,capital-riesgo…

Impuesto sobre Sociedades: tipo impositivo

Ahora que sabes que tienes que pagar el impuesto sobre sociedades, vamos a ver los tipos impositivos.

General: Se establece a un 25% desde 2016.

Reducidos:

  • Del 15% para emprendedores. Se refiere a las empresas que se acaban de crear y es aplicable sólo por dos años. Sin embargo, no incluye empresas patrimoniales. Para beneficiar de ello, la empresa debe considerarse como al inicio de una actividad económica. Cuando la base impositiva es positiva por primera vez y, por lo tanto, es obligatorio pagar el impuesto, se aplicará esta tasa y también en el segundo período impositivo.
  • Del 20% para cooperativas. Las sociedades cooperativas protegidas fiscalmente pueden beneficiar de este tipo, a excepción de los resultados extracooperativos, que se gravarán a la tasa general.

Hablamos sobre el impuesto de sociedades

Además, hay tres tipos aplicables en sociedades y entidades especiales. El impuesto de sociedades también proporciona a las entidades especiales una serie de tasas impositivas reducidas. ¿Cuáles son las condiciones necesarias para beneficiar de ellas?

  • Tipo reducido del 10%. Se trata de asociaciones y fundaciones respectivamente declaradas de utilidad pública y registradas en el registro correspondiente, a las que sea susceptible el régimen fiscal establecido en la Ley 49/2002, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo.
  • Tipo reducido del 1%. Puede aplicarse a sociedades de inversión con capital variable, fondos de inversión de carácter financiero o sociedades/fondos de inversión inmobiliaria. Se requiere un mínimo de 100 accionistas para beneficiar de ello.
  • Tipo reducido del 25%. Es para otras entidades, como sociedades de garantía recíproca, asociaciones empresariales, mutuas de seguros generales y mucho más.

Impuestos sobre sociedades: declaraciones a presentar

Si tienes que pagar el impuesto de sociedades, esto son las declaraciones que debes presentar:

  • Modelo 200. Es una declaración anual del impuesto de sociedades y debe presentarse en julio, entre el 1 y el 25, y para empresas cuyo ejercicio económico coincida con el año natural. Es obligatorio presentarlo incluso si no se ha llevado a cabo ninguna actividad o si los ingresos aún no han sido sujetos a impuestos.
  • Modelo 202. Este modelo corresponde a pagos fraccionados del impuesto sobre sociedades. Debe presentarse si en la última declaración del modelo 200 el resultado es positivo. Estos pagos fraccionados deben presentarse en octubre, diciembre y abril. Estos pagos son un tipo de pago sobre el monto a pagar en la próxima devolución del modelo 200, con una tasa del 18% del monto a pagar en el modelo 200. Las compañías que cobran más de 10 millones de euros tienen que pagar una tasa del 23% y bancos del 25%.
  • Modelo 220. Corresponde al impuesto aplicable a grupos de sociedades. Estas declaraciones deben hacerse obligatoriamente por internet.

Y tú, ¿ya has tenido que pagar el impuesto sobre sociedades?

El Gobierno aprueba un convenio con Cabo Verde

El Consejo de Ministros, reunido este viernes, ha aprobado remitir a las Cortes Generales el convenio entre España y Cabo Verde para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, según ha informado el Gobierno.

El convenio, que incorpora los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), tiene por objeto proporcionar un marco actualizado de seguridad jurídica y fiscal para los contribuyentes afectados que facilite el flujo económico bilateral y la cooperación entre las respectivas autoridades fiscales.

De este modo, establece con esta perspectiva los criterios relativos a la imposición sobre las rentas inmobiliarias, beneficios empresariales, transporte marítimo y aéreo, empresas asociadas, dividendos, intereses, cánones, ganancias de capital, rentas del trabajo dependiente, participaciones de consejeros, rentas de artistas y deportistas, pensiones, función pública, profesores, estudiantes y otras rentas.

Su texto incluye igualmente disposiciones relativas a los métodos para eliminar la doble imposición, así como al intercambio de información, incluida la bancaria, entre ambos Estados, y recoge en su protocolo previsiones encaminadas a impedir su utilización abusiva con fines de evasión fiscal u opacidad en los flujos internacionales de capitales.

Hacienda recaudó un 8,3% menos por el impuesto de loterías

La Agencia Tributaria ha recaudado un total de 305,3 millones euros hasta junio en concepto de impuesto de loterías, un 8,3% menos que en el primer semestre del año anterior (333,2 millones euros), según datos agencia tributaria consultados por Europa Press.

En concreto, la Agencia Tributaria recaudó 294,5 millones euros a través del Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF) por este gravamen en los seis primeros meses de este año, un 6,9% menos que en el mismo periodo de 2017.

Por su parte, a través del Impuesto de Sociedades se ingresaron 10,8 millones euros, un 35,5% menos que en el acumulado del año precedente. Así, se observa que el grueso de este impuesto se ha recaudado en lo que va de año por el IRPF.

En el mes de junio, Hacienda ingresó 16,3 millones de euros por las loterías, un 42,3% menos que en el mismo mes de 2017 (28,4 millones euros). Al igual que en el acumulado, el mayor importe ha procedido del IRPF (16,3 millones euros), mientras que a través del Impuesto de Sociedades solo se ha recaudado 7 millones de euros, frente a los 66 millones de euros obtenidos en el mes de junio de 2017.

Desde el 1 de enero de 2013, los premios de loterías y apuestas, organizados por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) o por los órganos o entidades de las comunidades autónomas, así como los sorteos organizados por la Cruz Roja Española y de las modalidades de juegos autorizadas a la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), cuentan con un gravamen del 20% si superan los 2.500 euros.

En concreto, desde entonces se establece que los perceptores de estos premios, cualquiera que sea su naturaleza, en el momento del cobro, soportaran una retención o ingreso a cuenta que debe practicarles el organismo pagador del premio.

Cs advierte a Montero de que, o se salta convenios de doble imposición, o el 15% en Sociedades recaudará menos

Ciudadanos ha advertido de que el suelo de tributación mínima del 15% en el Impuesto de Sociedades que quiere impulsar el Gobierno de Pedro Sánchez corre el riesgo de acabar recaudando aún menos de lo que se recauda actualmente, a no ser que fuerce una tributación de beneficios ya rendidos en otros países, lo que vulneraría convenios internacionales de doble imposición.

Y es que, tal y como señala su portavoz de Hacienda en el Congreso, Francisco de la Torre, en un artículo de opinión publicado este viernes en el diario digital ‘El Confidencial’, y recogido por Europa Press, los grandes grupos consolidados rindieron en 2016 sus beneficios al 19,01% sobre la base imponible.

Sin embargo, esta tributación del 19% no se produce respecto a su resultado contable, que hace dos años cerró con un récord de la serie histórica, hasta los 111.788 millones de euros, según el ‘Informe anual de recaudación de 2016’, que recoge los últimos datos disponibles al respecto.